Retraso culpable y enriquecimiento injusto: quién debe pagar la demora de la Administración.
Cuando la Administración deja pasar años sin expropiar un suelo que el plan destina a uso público, se beneficia de su propia inactividad mientras el propietario soporta todas las cargas. La ley no tolera ese desequilibrio.
Hay demoras administrativas que solo causan molestias. Y hay otras que trasladan al ciudadano un coste económico real mientras la Administración se beneficia. El caso típico es el del suelo calificado como dotacional que nunca se expropia: el Ayuntamiento cuenta con él en su planeamiento sin haberlo pagado, y el propietario sigue soportando impuestos, conservación y responsabilidades sobre un bien que no puede usar ni vender.
La Administración está obligada a actuar en plazo
Los plazos administrativos no son orientativos. La Administración debe resolver y notificar en plazo (art. 21.1 de la Ley 39/2015), los términos y plazos obligan a las autoridades y al personal (art. 29) y los titulares de los órganos competentes son directamente responsables de cumplirlos (art. 21.6). Además, debe impulsar de oficio los procedimientos en todos sus trámites (art. 71.1). El silencio no la exime de resolver (art. 24.3).
Cuando el retraso no obedece a ningún obstáculo ajeno a la propia Administración, por ejemplo cuando lo único que falta es una decisión presupuestaria, no estamos ante una demora inevitable, sino ante un retraso culpable.
El enriquecimiento injusto
La prohibición del enriquecimiento injusto es un principio general del Derecho aplicable también a la Administración. La jurisprudencia exige cuatro requisitos: el enriquecimiento de una parte, el empobrecimiento correlativo de la otra, la relación entre ambos y la falta de causa que los justifique.
En la expropiación que nunca llega, los cuatro suelen concurrir. La Administración dispone urbanísticamente de un suelo sin pagarlo y aplaza un desembolso que ella misma conoce. El propietario no puede edificar ni vender, paga los tributos, atiende las órdenes de ejecución y responde de los daños que el inmueble pueda causar. Todo ello tiene una sola causa, la inactividad administrativa, y ninguna justificación legal.
Quién paga la demora
La legislación hace recaer sobre la Administración las consecuencias de su demora:
i.- La Ley de Expropiación Forzosa obliga a la Administración «culpable de la demora» a pagar intereses cuando pasan seis meses desde la iniciación del expediente sin fijar el justiprecio (art. 56), y cuando pasan seis meses desde su fijación sin pagarlo (art. 57).
ii.- En la expropiación por ministerio de la ley, la valoración se refiere al momento de la hoja de aprecio y desde esa fecha se devengan intereses (art. 116.1 de la LISTA). Por eso, cada mes que la Administración retrasa la incoación, retrasa también ese momento.
iii.- El funcionamiento anormal de los servicios públicos puede dar lugar a responsabilidad patrimonial (art. 106.2 de la Constitución y art. 32 de la Ley 40/2015).
El derecho a una buena administración
El artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza a todos el derecho a que sus asuntos se resuelvan en un plazo razonable y a que las actuaciones administrativas sean proporcionadas a sus fines. Ese derecho exige a la Administración no hacer recaer sobre el ciudadano las consecuencias de sus propias dilaciones.
Ningún propietario debería quedar en peor situación por haber ejercido sus derechos. Si la Administración demora una expropiación que la ley le impone, debe asumir el coste de esa demora, y no trasladarlo a quien ya ha soportado durante años la carga de la calificación.