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¿ QUIÉN PUEDE FIRMAR LOS INFORMES QUE FUNDAMENTAN UNA DENEGACIÓN DE LEGALIZACIÓN O UNA ORDEN DE DEMOLICIÓN?

Los informes técnicos y jurídicos que sirven de base a una decisión de disciplina urbanística no los puede firmar cualquier empleado municipal. El Tribunal Supremo ha recordado que deben emitirlos funcionarios de carrera con la cualificación adecuada. Si no es así, la resolución que se apoya en ellos puede ser nula. 

Es una cuestión que muchas veces pasa desapercibida y que conviene revisar en todo expediente de legalización o de restablecimiento de la legalidad urbanística.



El punto de partida: funciones reservadas a funcionarios


El ordenamiento reserva a los funcionarios públicos las funciones que implican el ejercicio de potestades públicas o la salvaguarda de los intereses generales (art. 9.2 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y art. 92.3 de la Ley de Bases de Régimen Local). La disciplina urbanística es un ejemplo claro: decidir si una obra es legalizable o si debe demolerse es ejercer autoridad.
El informe técnico y el informe jurídico no son meros trámites. En la práctica, son los que deciden el sentido de la resolución: califican las obras, miden los parámetros y concluyen si son o no conformes con el planeamiento.



La doctrina del Tribunal Supremo


La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su Sentencia 788/2026, dictada en un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística, ha fijado tres criterios:
1. Los informes técnico-urbanísticos y jurídicos determinantes de la resolución final deben emitirlos funcionarios de carrera.
2. No pueden emitirlos el personal laboral ni los funcionarios de grupos inferiores «habilitados» para funciones propias de un grupo superior.
3. La infracción de esta exigencia vicia de nulidad el acto que se funda en esos informes.
La razón de fondo es la garantía de objetividad, imparcialidad e independencia que el ordenamiento asocia a la condición de funcionario de carrera del cuerpo y la escala correspondientes. Cuanto mayor es la intensidad coactiva de la decisión, más relevante es esa garantía.


¿Se aplica también a la denegación de una licencia de legalización?


A nuestro juicio, y modesta opinión,sí. La denegación de la legalización es el presupuesto inmediato de la orden de demolición: una vez denegada, se reanuda el procedimiento de restablecimiento y la reposición de la realidad física pasa a ser la consecuencia natural. Es frecuente, además, que la propia resolución que deniega la licencia ordene su traslado al expediente de disciplina para que surta efectos en él.
Por eso, las mismas garantías que exige el Tribunal Supremo para los informes del procedimiento de restablecimiento deberían exigirse para los que fundamentan la denegación de la legalización.


Qué conviene revisar en el expediente


• Quién firma cada informe y con qué denominación (técnico superior, técnico de grado medio, asesor, etc.).
• Su relación de servicio: funcionario de carrera, interino, personal laboral o personal externo.
• Su cuerpo, escala y titulación, y si es la adecuada para valorar la compatibilidad urbanística de la obra.
• Si el mismo técnico informa después sobre las alegaciones dirigidas contra su propio informe.
Cuando el expediente no acredita estos extremos, puede pedirse en vía de recurso y, ya en sede judicial, solicitarse por oficio que el Ayuntamiento certifique la identidad, titulación, cuerpo, escala y relación de servicio de los firmantes.


Conclusión


La calidad de una resolución urbanística depende de la de los informes que la sostienen, y la ley exige que esos informes los firme quien está legalmente habilitado para ello. Revisar la condición de los firmantes es hoy una comprobación obligada en cualquier defensa frente a una denegación de legalización o una orden de demolición.



En ESTMOR Abogados analizamos cada expediente de disciplina urbanística desde todas sus vertientes, también la de las garantías procedimentales.



 
 
 
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