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Procedimientos de restablecimiento que caducan y se reabren: cuándo se agota la potestad de demoler.

La potestad de la Administración para ordenar la reposición de la realidad física alterada está sujeta a plazo. En la LISTA, las medidas de restablecimiento solo pueden adoptarse válidamente dentro de los seis años siguientes a la completa terminación de las obras. Los procedimientos que la Administración deja caducar no interrumpen ese plazo, y reabrirlos una y otra vez no puede prolongar indefinidamente la amenaza de demolición. 



Dos plazos distintos que conviene no confundir


PLAZO

DURACIÓN

QUÉ OCURRE SI SE SUPERA 

Para ejercer la acción de restablecimiento (art. 153.1 LISTA)

6 años desde la completa terminación de las obras

La Administración ya no puede adoptar válidamente medidas de reposición

Para resolver cada procedimiento de restablecimiento (art. 152.2 LISTA)

1 año desde su inicio

El procedimiento caduca

El primero se refiere a la acción y el segundo a cada procedimiento concreto.



Los procedimientos caducados no interrumpen nada


El art. 95.3 de la Ley 39/2015 es claro: «los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción». A efectos del cómputo, son jurídicamente inexistentes.


Además, el plazo de seis años del art. 153.1 LISTA es un plazo de caducidad de la acción, así denominado por el art. 360.7 de su Reglamento, que no admite interrupción. Corre desde la completa terminación de las obras, con independencia de los procedimientos que la Administración haya iniciado y dejado caducar.



La práctica de reabrir con el mismo texto

En la práctica se ven expedientes en los que el ayuntamiento inicia un procedimiento, lo deja caducar, lo reabre con el mismo contenido, vuelve a dejarlo caducar y, finalmente, dicta la orden de reposición cuando ya han pasado más de seis años desde que se terminaron las obras.


A nuestro juicio, esa conducta constituye un verdadero abuso procedimental: mantiene abierta durante años la amenaza de demolición sin resolver en plazo y hace recaer sobre el ciudadano las consecuencias de la inactividad administrativa.


Qué sucede cuando la acción ha caducado

Transcurrido el plazo, el Reglamento de la LISTA prevé que se declare la caducidad de la acción de restablecimiento, sin perjuicio del reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación (art. 360.7). Ello t iene dos consecuencias importantes:

• la Administración no puede utilizar la denegación de una legalización como vía indirecta para mantener viva una potestad de reposición ya extinguida;
• en la situación de asimilado a fuera de ordenación son admisibles las obras de conservación necesarias para la seguridad y habitabilidad del inmueble.

Este régimen general no se aplica en determinados suelos, como el no urbanizable de especial protección o la zona de influencia del litoral, donde rige la imprescriptibilidad.



La prueba de la fecha de terminación


La clave está en acreditar cuándo se terminaron las obras. La carga de esa prueba suele recaer sobre el interesado, y los tribunales andaluces la valoran con medios muy diversos:


•
ortofotografías del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) y otras imágenes históricas;
•
actas e informes de inspección de la propia Administración;
•
certificados de la dirección facultativa, facturas y otros documentos de obra;
•
prueba pericial.


Paradójicamente, muchas veces la mejor prueba está en el propio expediente municipal: un acta de inspección que describe las obras como ejecutadas en una fecha concreta.



Conclusión


La potestad de demoler no es eterna. Cuando la Administración ha dejado pasar los plazos, no puede compensar su inactividad reabriendo procedimientos ni denegando legalizaciones con el único fin de sostener una demolición que ya no puede ordenar. Revisar con detalle el historial de procedimientos y la fecha de terminación de las obras es esencial en cualquier defensa.



En ESTMOR Abogados
analizamos la viabilidad de cada procedimiento de restablecimiento y la posible caducidad de la acción.



 
 
 
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