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PRIMERO LA LEGALIZACIÓN, DESPUÉS LA DEMOLICIÓN: EL ORDEN QUE LA ADMINISTRACIÓN DEBE RESPETAR.

En la legislación urbanística andaluza, la legalización de lo construido es previa y preferente a cualquier medida de reposición de la realidad física. Mientras una solicitud de legalización está en trámite, la Administración no puede ordenar la demolición. Saltarse ese orden prejuzga el resultado, vacía de contenido el derecho del interesado y puede determinar la nulidad de lo actuado.



Un principio con larga tradición


El orden «primero legalizar, después reponer» no es nuevo. Ya resultaba del RDL 1/1992, después del art. 182 de la LOUA y hoy se recoge en los arts. 151 y 152 de la LISTA y en su Reglamento General (Decreto 550/2022). La lógica es sencilla: solo cuando se sabe que una obra no es legalizable tiene sentido ordenar su demolición.



Cómo se articula en la LISTA y su Reglamento


1. Informe de compatibilidad. El procedimiento de restablecimiento debe incluir un informe técnico y jurídico sobre si las obras son compatibles con la ordenación (art. 152 LISTA; art. 360 del Reglamento).


2. Requerimiento de legalización. Si las obras pudieran ser compatibles, se requiere al interesado para que inste la legalización en el plazo de dos meses.


3. Suspensión. El inicio del procedimiento de legalización suspende el plazo del procedimiento de restablecimiento hasta que se otorgue o deniegue la licencia (art. 362 del Reglamento). Solo entonces se reanuda.


En otras palabras: con una legalización pendiente, el procedimiento de restablecimiento debería queda en pausa.



Qué ocurre cuando la Administración no respeta ese orden


En la práctica no es raro encontrar supuestos en los que el ayuntamiento:


• abre o reabre el procedimiento de restablecimiento con una legalización todavía en tramitación;
• ordena la reposición sin esperar a que se resuelva el recurso contra la denegación de la licencia;
• o ignora la solicitud de legalización presentada y las comunicaciones del interesado al expediente de disciplina.

Esa forma de actuar invierte el orden legal. A nuestro juicio, constituye un vicio de procedimiento que infringe el derecho al procedimiento debido y puede generar indefensión (art. 48.2 de la Ley 39/2015) y, cuando se omite un trámite esencial legalmente previo, puede incurrir en la causa de nulidad del art. 47.1.e) de la misma ley.



La incongruencia omisiva

Un problema añadido es que, al resolver el recurso contra la denegación, la Administración a veces no contesta a las alegaciones sobre esta descoordinación. Sin embargo, el órgano que resuelve un recurso debe decidir todas las cuestiones planteadas, de forma y de fondo (arts. 88.1 y 119.3 de la Ley 39/2015), y motivar su decisión (art. 35.1). Si no lo hace, deja imprejuzgadas cuestiones nucleares que el tribunal tendrá que resolver con plena jurisdicción.


Recomendaciones prácticas


• Comunicar siempre al expediente de disciplina la presentación de la solicitud de legalización y pedir expresamente la suspensión.
•
Alegar la descoordinación en cuanto se produzca, tanto en el procedimiento de restablecimiento como en el de legalización.
•
Impugnar ambos actos si es necesario y pedir su acumulación, para que el tribunal los examine conjuntamente.
•
Pedir que el acto anulado no despliegue efectos en el otro procedimiento, como medida de restablecimiento de la situación jurídica.



Conclusión

La legalización no es un trámite accesorio: es el cauce que la ley ofrece para regularizar lo construido antes de llegar a la medida más gravosa. Exigir que la Administración respete ese orden es una de las defensas más sólidas frente a una demolición precipitada.

En ESTMOR Abogados acompañamos a propietarios y promotores en la tramitación coordinada de la legalización y del procedimiento de restablecimiento









 
 
 
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