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Pedir una autorización cultural y recibir una orden de reposición: límites procedimentales.

Cuando un propietario solicita la autorización cultural de unas obras, el procedimiento debe terminar autorizándolas o denegándolas. Ordenar en ese mismo expediente la reposición de lo ejecutado, sin abrir el procedimiento de protección o sancionador correspondiente, plantea serios problemas de congruencia, competencia y legalidad formal al poderse estar infringiendo el derecho al procedimiento debido.


Un expediente iniciado a instancia del interesado

El procedimiento de autorización o legalización cultural se inicia a solicitud del propietario. Su objeto es decidir si las obras son compatibles con la protección del bien. La resolución debe ser congruente con lo pedido y no puede agravar la situación inicial del interesado (art. 88.2 de la Ley 39/2015). Si en lugar de pronunciarse sobre la autorización la Administración impone una orden de reposición, está resolviendo algo distinto de lo pedido y en perjuicio del solicitante.



La reposición tiene su propio cauce

La orden de reposición es una medida de restablecimiento de la legalidad, y la ley regula cómo debe adoptarse:


i
.- el art. 23.2 LPHE permite ordenar la reconstrucción o demolición de obras realizadas sin autorización, pero «en los términos previstos por la legislación urbanística», es decir, a través del procedimiento de restablecimiento y con sus garantías, incluida la posibilidad de legalización y la ponderación de la proporcionalidad;
ii.-
el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 19/1995) prevé un expediente específico por intervenciones ilegales (art. 52);
iii.
- y, si se pretende reprochar una infracción, debe tramitarse el procedimiento sancionador, con sus garantías de legalidad y tipicidad (arts. 25 y 27 de la Ley 40/2015).

Imponer la reposición fuera de esos cauces supone, a nuestro juicio, un exceso en el ejercicio de la potestad y una falta de competencia funcional del órgano que resuelve.


Consecuencias prácticas


PROBLEMA

CONSECUENCIA

Resolución incongruente con lo pedido y que agrava la situación inicial

Indefensión y posible anulabilidad (arts. 48 y 88.2 de la Ley 39/2015)

Orden de reposición sin el procedimiento legalmente previsto

Ausencia del procedimiento establecido (art. 47.1.e de la Ley 39/2015)

Medida de reacción sin las garantías del procedimiento sancionador

Vulneración de los principios de legalidad y tipicidad

Exigencia de un material concreto que ninguna ley impone

Exceso sobre la habilitación legal y vulneración de la jerarquía normativa




La jerarquía normativa


La LPHE es la ley estatal; la LPHA, la ley autonómica; el Decreto 19/1995, su reglamento; y los planes especiales, instrumentos de planeamiento.
Ni el reglamento ni el plan, y mucho menos un informe técnico, pueden imponer cargas que excedan de la habilitación legal. Así lo determinó el TS en el caso anulación de la RPGO Marbella. Recordamos además que el propio TSJ de Andalucía llegó a anular un inciso reglamentario que creaba una consecuencia no prevista en la ley (STSJA, Granada, 1141/2017).



Recomendaciones

• Si se recibe una orden de reposición en un expediente de autorización, impugnarla alegando incongruencia, reformatio in peius e inadecuación del procedimiento.
•
Pedir que se tramite la legalización y que se pondere la proporcionalidad, como exige la remisión de la LPHE a la legislación urbanística.
•
Mantener la solicitud de autorización con las medidas correctoras que se ofrezcan.



Conclusión

La protección del patrimonio dispone de potestades intensas, pero deben ejercerse por los cauces y con las garantías que prevé la ley. Una orden de reposición dictada en un expediente de autorización, sin procedimiento propio, es a nivel formal al menos una decisión vulnerable.


En ESTMOR Abogados revisamos la legalidad procedimental de las resoluciones en materia de patrimonio histórico.





 
 
 
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