Patrimonio y urbanismo: el plan especial de protección como norma de referencia.
En los conjuntos históricos, la protección patrimonial y el urbanismo se encuentran en el plan especial de protección. Ese plan es la norma especial que concreta, inmueble a inmueble, el alcance de la protección, y la Administración cultural debe interpretarlo y aplicarlo de forma coordinada con el ayuntamiento.
El plan especial que exige la ley
El art. 20 LPHE obliga a redactar un Plan Especial de Protección para cada conjunto histórico. Ese plan debe establecer, entre otros aspectos, los criterios de conservación de fachadas y cubiertas. Es, por tanto, la norma que concreta qué se protege en cada edificio catalogado y qué obras se admiten. De ahí se derivan dos consecuencias:
• la Administración cultural debe interpretar la legislación de patrimonio y el plan especial de forma sistemática;
• y no puede imponer exigencias adicionales a las del plan sin justificar su necesidad para evitar un expolio o un daño real a los valores protegidos.
Planes antiguos y no adaptados
Es frecuente que el plan especial sea anterior a la LPHA y no esté adaptado a ella. Eso puede limitar algunas de sus determinaciones, pero no autoriza a la Administración a usar esa limitación de forma selectiva: restar valor al plan cuando favorece al propietario y, a la vez, convertir una mención genérica de su ficha de catálogo en una prohibición absoluta.
La prevalencia del patrimonio tiene un objeto
La protección del patrimonio prevalece sobre el urbanismo, pero solo dentro de su objeto. La jurisprudencia ha reconocido la competencia para actuar frente al expolio, pero sin imponer soluciones urbanísticas concretas: lo procedente es ordenar la adaptación del planeamiento para evitar el expolio. La Audiencia Nacional (sentencia de 3 de julio de 2001, rec. 980/2000) y el Tribunal Supremo, en el conflicto del barrio del Cabanyal, siguieron esa línea.
Coordinación entre Administraciones
En los conjuntos históricos concurren competencias del Estado, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento. Por eso rige el deber de cooperación y coordinación interadministrativa (art. 3.1.k de la Ley 40/2015). En la práctica, los problemas típicos son:
1. el ayuntamiento tramita la licencia urbanística y tarda años en remitir el expediente a cultura;
2. cultura dicta una orden que condiciona esa licencia sin coordinarse con el ayuntamiento;
3. y las consecuencias del desencuentro recaen íntegramente sobre el propietario.
El Reglamento andaluz de patrimonio prevé mecanismos para coordinar ambas Administraciones, como los relativos a la delegación de competencias o la revocación de licencias (art. 61 del Decreto 19/1995). Ignorarlos y actuar por separado vulnera esos principios.
• Fundamentar la solicitud y los recursos en el plan especial y la ficha de catálogo, que son la referencia normativa del inmueble.
• Distinguir las características tipológicas (estructura, organización, volumetría y composición de fachada) de los detalles ornamentales que pueden recuperarse con medidas correctoras.
• Exigir que cultura y urbanismo coordinen sus decisiones y dejar constancia de los retrasos de cada Administración.
El plan especial de protección es el punto de encuentro entre patrimonio y urbanismo. Respetarlo, y coordinar a las Administraciones que lo aplican, es la mejor garantía de seguridad jurídica para quien quiere conservar un edificio protegido.
En ESTMOR Abogados trabajamos en la intersección entre urbanismo y patrimonio histórico.