La licencia de legalización es reglada: límites a la Administración al resolver.
La licencia de legalización, como toda licencia urbanística, es un acto reglado. Si las obras son conformes con la ordenación, la Administración debe otorgarla. No puede denegarla por motivos ajenos a su objeto, cambiar lo que se ha pedido, añadir argumentos nuevos al resolver el recurso ni ignorar su propio criterio anterior sin explicarlo.
El carácter reglado y sus consecuencias
Que la licencia sea reglada significa que la Administración comprueba si lo solicitado se ajusta a la norma, sin margen para la oportunidad. De ahí se derivan varias consecuencias:
• acreditada la conformidad, la denegación no es una opción jurídicamente disponible;
• no pueden exigirse requisitos ni condicionamientos distintos de los que establece la norma;
• la licencia no puede utilizarse para un fin distinto del control de legalidad de lo solicitado, por ejemplo para dar soporte a un procedimiento de restablecimiento.
Cuatro límites que la Administración debe respetar
1. No puede alterar el objeto de la solicitud
Si el interesado pide legalizar una obra de consolidación, la Administración no puede “ad exemplum” recalificarla como «ampliación» para aplicarle un régimen distinto que conduzca necesariamente a la denegación. La resolución debe ser congruente con lo pedido.
2. No puede introducir motivos nuevos al resolver el recurso: hay que respetar los principios de legalidad y seguridad jurídica
La resolución de un recurso de reposición no puede empeorar la situación del recurrente (art. 119.3 de la Ley 39/2015, que prohíbe la reformatio in peius). Añadir en reposición un motivo de denegación que no figuraba en la resolución inicial, y que además es ajeno al objeto del expediente, vulnera ese límite.
3. Debe motivar los cambios de criterio
Todo acto que se aparta del criterio seguido en actuaciones precedentes debe motivarse específicamente (art. 35.1.c de la Ley 39/2015). Si la Administración calificó unas obras como «aparentemente legalizables», ordenó su legalización y reconoció que el régimen de fuera de ordenación admitía la reforma, no puede afirmar años después lo contrario sin explicar por qué.
4. Debe respetar sus propios actos y la confianza legítima
La Administración está vinculada por los principios de buena fe y confianza legítima (art. 3.1.e de la Ley 40/2015). Un ciudadano que actúa conforme a lo que la Administración le indica, por ejemplo instar la legalización, no puede encontrarse después con que esa misma Administración le niega lo que le exigió. La doctrina de los actos propios no ampara ilegalidades, pero sí impide cambios de criterio arbitrarios sobre los mismos hechos y la misma norma.
Proporcionalidad: las disconformidades no sustanciales
Incluso si existiera alguna disconformidad menor, la denegación no es automática. El Reglamento de la LISTA permite legalizar actuaciones con disconformidades no sustanciales cuando su reposición sea imposible o muy difícil, mediante una indemnización sustitutoria (art. 362.6). La jurisprudencia andaluza ha aplicado este criterio, por ejemplo, a excesos de altura de escasa incidencia.
Una denegación absoluta, sin ponderar la incidencia urbanística real ni el coste de la reposición, puede infringir el principio de proporcionalidad (art. 4 de la Ley 40/2015).
El derecho a una buena administración (art. 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y art. 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía) exige resolver en plazo razonable, examinar las alegaciones y comprobar los hechos en que se funda la decisión. Un recurso que tarda muchos meses en resolverse y un informe que no mide lo que afirma son indicios de una actuación que no cumple esos estándares.
La licencia de legalización no es un instrumento de política urbanística ni una herramienta para sostener otros procedimientos: es un control reglado de conformidad. Cuando la Administración se aparta de esos límites, la denegación puede y debe revisarse en los tribunales.
En ESTMOR Abogados defendemos a propietarios frente a denegaciones de licencias de legalización y en los procedimientos de restablecimiento vinculados.