ESTMOR ABOGADOS 
ESTÉVEZ & MORANT ABOGADOS

LAS INADMISIONES ADMINISTRATIVAS. EL TIEMPO Y LA JUSTICIA

Cuantas veces nos encontramos con la terrible y por desgracia no infrecuente resolución administrativa que inadmite nuestro recurso o nuestra solicitud extraordinaria de revisión, sin que concurran los motivos legales explícitamente detallados para que la Administración pueda dictar la inadmisión de nuestra solicitud (art. 106 y 116 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Si bien, por regla general los jueces y tribunales vienen acertadamente estimando los recursos presentados contra esos actos de inadmisión, lo cierto es que dicha estimación sólo implica que el administrado vuelve a la casilla de salida y la Administración, en cumplimiento de la sentencia, resuelve la solicitud del administrado entrando a conocer del asunto, para desestimar la solicitud, con lo que nuevamente el administrado ha de volver a interponer otro recurso contencioso, esta vez contra esa desestimación para que el juzgado o tribunal, por fin, entre a conocer del fondo y estime o deniegue el recurso.


Sea como fuere, este ir y venir de la administración a los juzgados, sólo perjudica, y mucho, al administrado, pues el “Tiempo” que trascurre hasta que, en el mejor de los casos, ve estimada sus pretensiones, hace que éstas, en la gran mayoría de ocasiones, queden desvirtuadas, o no lleguen más que a representar la alegría de una batalla ganada, pues tras tantos años de contienda, se han perdido o desdibujados los derechos pretendidos.


Esto ha ocurrido en uno de tantos casos en los que el administrado se enfrenta a la resolución definitiva de un concurso para un puesto en la función pública. En concreto, en el año 2018 el Rectorado de la Universidad de Granada estimó las alegaciones de uno de los concursantes (llamémosle “a”) contra la propuesta de calificación, dejando sin el puesto al concursante que había obtenido mayor puntuación (llamémosle “b”) y pese a que cinco de los siete miembros del Tribunal Calificador votaron en contra de la fundamentación realizada por la Universidad para estimar las alegaciones del concursante “a”, toda vez que esa fundamentación se alejaba frontalmente de la que, hasta en ese momento, habían venido utilizando los Tribunales calificadores en todos los concursos anteriores, se adjudicó la plaza al concursante “a”.


El concursante excluido “b” presentó recurso extraordinario de revisión contra la propuesta de provisión de plaza siendo el mismo inadmitido por no apreciarse errores de hecho en las valoraciones. Acude entonces a la vía jurisdiccional siendo desestimadas sus pretensiones en primera instancia y estimadas en apelación por el TSJ de Andalucía, sede en Granada, (Sentencia 39/2021 ROLLO NÚM. 2233/2020). Contra la Sentencia estimatoria del TSJ el Rectorado de la Universidad presenta Recurso de Casación Num. RCA/0004542/2022, siendo declarado posteriormente desierto por el Tribunal Supremo en 2022.


Cree volver entonces, el concursante “b” en 2022, a la parrilla de salida esperando que la Universidad, esta vez, resuelva el recurso extraordinario de revisión presentado en 2018.


Sin embargo, en 2022 la Universidad no resuelve el recurso al que venía compelida por la Sentencia del TSJ, bajo la justificación de estar sub iudice el recurso que la concursante “b” había presentado contra la resolución definitiva del Rectorado otorgando la plaza al concursante “a” y que igualmente fue inadmitida, en esta ocasión, bajo el paraguas de ser firme en vía administrativa la puntuación otorgada al citado concursante “a”.


Así pues, el concursante “b” se ve obligado a iniciar otro procedimiento judicial, esta vez el de ejecución de sentencia, que nuevamente es desestimado inicialmente por el Juzgado y, posteriormente estimado, en 2024, por el TSJ de Andalucía con sede en Granada, mediante Sentencia nº 665/2024 dictada frente al recurso de apelación Núm. 2209/2023 presentado contra el auto del Juzgado.


Obligada la Universidad a ejecutar la Sentencia, como no podía ser de otra manera, resolvió, el 15 de noviembre de 2024, desestimando el recurso extraordinario de revisión presentado por la concursante “b” hacía seis años. Contra dicha desestimación la concursante “b” presentó recurso contencioso administrativo.


Hoy en día la concursante “b”, tras llevar seis años recurriendo incansablemente, sigue a la espera de que se celebre el juicio del recurso presentado contra la resolución desestimatoria del recurso extraordinario de revisión presentado en 2018. No obstante, ganó otro concurso en otra Universidad y ejerce felizmente su profesión, no, desde luego, gracias a la Universidad de Granada.


Por tanto, en 2026, 2027 ó 2028 de producirse la estimación en primera o segunda instancia ¿Cuál sería la justicia que obtendría la concursante recurrente? Es obvio que el tiempo transcurrido para obtener una resolución justa hace injusto el resultado del procedimiento, pues 10 años después de recurrir el concurso y de que esa plaza esté siendo ocupada por otra persona, la Universidad no puede colocar a la recurrente “b” en esa plaza, luego la recurrente deberá esperar a que salga una plaza vacante del mismo puesto (sine die) o en el caso de que la ejecución de la sentencia, en sus propios términos, sea imposible (que después de 10 años será lo más normal) “b” habrá de ser indemnizada económicamente con el equivalente a los salarios y derechos de carrera que hubiera percibido en ese puesto, descontado lo que ha venido ganando en el puesto que ha venido ocupando en otra Universidad, si es que en ese nuevo puesto ganaba menos.


Ejemplos como este, deben llevar al legislador a plantearse una modificación legislativa que reduzca los plazos e impida y limite a la Administración dilatar los procedimientos en perjuicio de los administrados. El cómo hacerlo es tarea que nos resulta difícil de visualizar, pero lo cierto es que cada vez encontramos una Administración mas omnipotente y empoderada que pasa por encima de los derechos del administrado sin que existan demasiadas consecuencias para ella tras el dictado de las sentencias que tumban sus actuaciones.


Maria Luz Gómez Morant
Colegiada del Ilustrísimo Colegio de Abogados de Málaga
Málaga 1 de octubre de 2025.



 
 
 
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