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Expropiación por ministerio de la ley: cómo obligar al Ayuntamiento a expropiar un suelo que lleva años reservado.


Si su terreno está calificado como sistema general o local y la Administración no lo obtiene, el artículo 116 de la LISTA le permite forzar la expropiación. Le explicamos cómo funciona y qué errores conviene evitar.


Muchos propietarios andaluces conviven durante años, a veces durante décadas, con una situación tan habitual como injusta. El planeamiento califica su suelo como viario, zona verde o equipamiento público, pero el Ayuntamiento nunca llega a expropiarlo. Mientras tanto, el propietario no puede edificar, apenas puede vender y sigue pagando impuestos y atendiendo la conservación de un inmueble que, en la práctica, ya no le pertenece del todo.
La ley ofrece una salida a ese «limbo jurídico», como lo ha calificado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: la expropiación por ministerio de la ley, también conocida como expropiación rogada.



Qué dice la ley


El artículo 116.1 de la Ley 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), dispone:


transcurren seis meses desde dicho requerimiento sin que la incoación se produzca«La expropiación u ocupación directa de los terrenos destinados a sistemas generales y locales no incluidos ni adscritos a un ámbito de actuación o unidad de ejecución deberá tener lugar dentro de los cuatro años siguientes a la aprobación del instrumento de ordenación urbanística que legitime la actividad de ejecución. Transcurrido sin efecto el plazo previsto en el párrafo anterior, el procedimiento de expropiación forzosa se entenderá incoado por ministerio de la ley si, efectuado requerimiento a tal fin por la persona propietaria afectada o sus causahabientes,.»

Es el sucesor directo del antiguo artículo 140 de la LOUA, y responde a la misma idea: la Administración no puede mantener indefinidamente una carga pública sobre un suelo privado sin pagarlo.



Los tres requisitos


i.- Que el suelo esté destinado a un sistema general o local y no esté incluido ni adscrito a un ámbito de actuación o unidad de ejecución. Si lo está, su obtención se produce por otras vías, como la reparcelación.
ii.- Que hayan pasado más de cuatro años desde la aprobación del plan que legitima su ejecución sin que la Administración lo haya expropiado u ocupado.
iii.- Que el propietario requiera formalmente a la Administración para que incoe la expropiación y transcurran seis meses sin que lo haga.



Cómo se activa, paso a paso


• Requerimiento. El propietario presenta un escrito pidiendo y fundando jurídicamente la incoación del expediente de expropiación y advirtiendo de que, si no se produce en seis meses, se entenderá incoado por ministerio de la ley.

• Seis meses. El plazo se cuenta de fecha a fecha (art. 30.4 de la Ley 39/2015). Si en ese tiempo la Administración no acuerda y notifica la incoación, el procedimiento se entiende incoado sin necesidad de ningún acto posterior.
• Hoja de aprecio. Incoado el procedimiento, el propietario puede y debería formular su hoja de aprecio, con su valoración del suelo.
• Comisión Provincial de Valoraciones. Si en dos meses no recibe respuesta, puede dirigirse a ella formalmente para que fije el justiprecio de forma definitiva.


Un dato importante: la valoración se refiere al momento en que se formula la hoja de aprecio, y desde esa fecha se devengan los intereses.



Errores frecuentes


• Pedir directamente una cantidad de dinero sin haber formulado antes el requerimiento. Los tribunales han rechazado reclamaciones de justiprecio que no seguían el cauce legal.
• Dejar pasar los seis meses sin hacer nada después. El efecto legal se produce, pero conviene impulsarlo con la hoja de aprecio.
• No comprobar en el planeamiento si el suelo está realmente excluido de cualquier ámbito o unidad de ejecución. Es el primer requisito y el que más discusiones genera.
• Dar por buena cualquier respuesta de la Administración. Una resolución que desestima la solicitud no es una incoación, y puede recurrirse.



Una garantía para el propietario


El Tribunal Supremo ha descrito esta figura como una garantía frente a la inactividad de la Administración, que permite al propietario «desbloquear la situación creada por un Plan que la Administración no se decide a ejecutar» y obtener la compensación que le corresponde (STS de 28 de octubre de 2013, rec. 3912/2011). No es un favor de la Administración, sino un derecho del propietario.


Si su suelo lleva años afectado a un uso público sin que nadie lo haya pagado, conviene revisar cuanto antes si concurren los requisitos y preparar bien el requerimiento.



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