Expropiación rogada: ni la «falta de financiación» ni un expediente «ya iniciado» pueden frenarla.
Cuando el propietario requiere la expropiación de su suelo dotacional, algunas Administraciones responden que no hay dinero o que el expediente ya estaba en marcha. Explicamos por qué ninguna de esas respuestas impide que la expropiación se tenga por incoada.
La expropiación por ministerio de la ley del art. 116.1 de la LISTA tiene un funcionamiento sencillo: si el propietario requiere la incoación y la Administración no la produce en seis meses, la ley la da por producida. Precisamente por eso, cuando la Administración quiere evitar ese efecto, suele acudir a dos argumentos. Ninguno resiste un análisis jurídico.
«La expropiación ya estaba iniciada»
A veces la Administración afirma que el procedimiento se inició antes del requerimiento, apoyándose en un informe, un oficio interno o la petición de otro órgano municipal. Conviene recordar tres cosas.
i.- Una petición no inicia un procedimiento. Los procedimientos de oficio se inician por acuerdo del órgano competente (art. 58 de la Ley 39/2015). La petición razonada de otro órgano solo sirve para promover ese acuerdo y, según el artículo 61.1, ni siquiera vincula al órgano competente para iniciarlo.
ii.- Lo que no se notifica no puede oponerse al propietario. Si existiera un expediente, los titulares de los bienes debían haber sido llamados a él (art. 8 de la Ley 39/2015), y la relación de bienes y el acuerdo de necesidad de ocupación debían notificárseles (arts. 18 a 22 de la Ley de Expropiación Forzosa).
iii.- Las contradicciones delatan. Si después del requerimiento la Administración tasa los terrenos o redacta una «propuesta de incoación», está reconociendo que el procedimiento no estaba iniciado.
Esa situación coloca a la Administración ante un dilema sin salida: o no había procedimiento, y su argumento es falso, o lo había y se tramitó a espaldas de los propietarios, por lo que no puede oponérseles.
«No hay financiación»
La falta de consignación presupuestaria no figura en el art. 116.1 de la LISTA como causa que impida la incoación. Es, de hecho, la causa típica de la inactividad que la ley quiere corregir. Admitirla supondría dejar la eficacia de la garantía en manos de la propia Administración incumplidora.
Además, incoar el procedimiento y pagar el justiprecio son cuestiones distintas. La ley ordena que el procedimiento se entienda incoado; dotar el crédito necesario para pagar es una obligación de la Administración que debe atender durante su tramitación. Como ya declaró el Tribunal Supremo hace décadas, «una dejación administrativa no debe convertirse por sí sola en motivo de perjuicio para el particular afectado».
Desestimar no es incoar
Lo único que interrumpe el mecanismo legal es la incoación del expediente, acordada y notificada dentro de los seis meses. Una resolución que desestima la solicitud, aunque se dicte en plazo, no es una incoación. Al contrario: confirma la inactividad que la ley sanciona.
Qué hacer ante una desestimación
• Recurrirla en plazo, en reposición o directamente ante los tribunales, según indique el pie de recurso.
• Pedir copia íntegra del expediente para conocer los documentos en que se apoya (art. 53.1.a de la Ley 39/2015).
• Comprobar las fechas: cuándo se presentó el requerimiento, cuándo vencieron los seis meses y cuándo se dictó y notificó la resolución.
• Reservarse el derecho a formular la hoja de aprecio y a acudir a la Comisión Provincial de Valoraciones.
La expropiación rogada existe para que el propietario no quede indefinidamente a merced de la inactividad municipal. Las excusas de la Administración no pueden convertir esa garantía en papel mojado.