EL ARIETE DE LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO
No son pocos los abogados que, ante el reto de recurrir un acto administrativo, principalmente de carácter sancionador, o aquellos otros susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen al administrado, comienzan, como no podía ser de otra forma, computando los plazos que han transcurrido durante la tramitación del procedimiento en cuestión, a los efectos de averiguar si puede alegarse la caducidad del procedimiento y así, dar jaque mate al acto administrativo recurrido.
No obstante, esa labor de cómputo de plazos que tan clarividentemente parece constar redactado en el art. 21.3 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas tiene, sin embargo, numerosas variantes que hacen de su determinación una cuestión particularmente compleja.
Para la determinación del plazo de caducidad, el abogado tiene que partir del “desde cuándo” se realiza el cómputo y “hasta cuándo”, es decir, tiene que computar desde el “dies a quo” hasta el “dies a quem”.
La fecha constitutiva del dies a quo del plazo de caducidad, en los procedimientos sancionadores, es la del Acuerdo de iniciación, y no la de su notificación, ya que los actos de las Administraciones Públicas producen efectos desde la fecha en que se dictan. Otra cosa es que la interrupción del plazo de caducidad por actuación de la Administración precise de la necesidad de notificación del trámite a fin de que se produzca el efecto interruptivo, no teniendo virtualidad si permanece exclusivamente en el ámbito interno de la Administración, pues convertiría a la caducidad en algo ilusorio al dejar en manos de aquélla la ampliación del plazo de suspensión. En consecuencia, cabe referir que el inicio del cómputo del plazo de caducidad corresponde a la fecha del Acuerdo de incoación del procedimiento sancionador, no a la fecha de la orden superior, petición razonada o denuncia que en su caso hubiera provocado tal Acuerdo.
Por su parte, el dies a quem para el cómputo del plazo de caducidad no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación, dado que como hemos advertido anteriormente, elementales razones de garantía a favor del expedientado no permiten que, se conceda efecto interruptivo a una resolución sin proyección ad extra y consiguiente puesta en conocimiento del interesado, a excepción del supuesto en que fuera apreciable una actitud injustificada claramente obstativa por parte del administrado en el recibo de la notificación.
Ahora bien, de todas las muchas variantes que pueden influir en la realización de este cómputo, vamos a analizar dos de ellas que son especialmente controvertidas. Nos referimos a
Los plazos para alegaciones o práctica de pruebas dentro de un procedimiento sancionador no pueden entenderse como de interrupción del plazo de caducidad, pues de lo contrario se estaría negando el derecho de defensa y la obligación del trámite de audiencia.
El tiempo transcurrido para culminar un procedimiento sancionador como consecuencia de la retroacción de actuaciones acordada en vía de recurso, anulando la inicial resolución sancionadora, no se tiene en cuenta para el cómputo del plazo de caducidad, puesto que el hecho de anular actuaciones no implica paralización del procedimiento en la medida en que las actuaciones anuladas existieron, y no hay que olvidar que precisamente la caducidad se caracteriza por la inactividad de la Administración.