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ESTÉVEZ & MORANT ABOGADOS

Cuando la Administración resuelve con documentos que usted no conoce: audiencia, motivación e indefensión.

Una resolución que se apoya en informes u oficios que nunca se le han trasladado no es solo una mala práctica: puede vulnerar su derecho al procedimiento debido y ser anulada. Le explicamos por qué y cómo reaccionar.


Es una situación más frecuente de lo que parece. El ciudadano presenta una solicitud, espera meses y recibe una resolución desfavorable que se apoya en un informe técnico, un oficio de otro departamento o unos antecedentes de los que nunca había oído hablar. No tuvo ocasión de rebatirlos antes de que se decidiera. Nuestro ordenamiento no admite esa forma de actuar.


El derecho al procedimiento debido


El artículo 105.c) de la Constitución exige que los actos administrativos se produzcan a través del procedimiento establecido, con audiencia del interesado. No es una formalidad: es la garantía de que el ciudadano conoce lo que se va a decidir sobre sus derechos y puede intervenir antes de que se decida.


Las garantías concretas


i.
- Trámite de audiencia (art. 82 de la Ley 39/2015). Antes de resolver, la Administración debe poner el expediente de manifiesto al interesado. Solo puede omitirlo cuando la resolución no tenga en cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas que los aportados por el propio interesado (art. 82.4). Si la resolución se apoya en documentos nuevos, la audiencia era obligatoria.
ii.-
Acceso al expediente (art. 53.1.a). El interesado tiene derecho a conocer el estado de tramitación y a obtener copia de los documentos.
iii.
- Motivación (arts. 35 y 88). Los actos que limitan derechos deben motivarse. Si la Administración se remite a informes, estos solo sirven de motivación cuando se incorporan al texto de la resolución (art. 88.6).
iv.-
Congruencia (art. 88.1 y 88.2). La resolución debe responder a lo que se pidió, y no a otra cuestión.


Cuándo hay indefensión


No basta con que exista un defecto de forma. La indefensión relevante es la material: la que priva al interesado de la posibilidad real de alegar y probar en defensa de sus derechos, con un perjuicio efectivo. Si la resolución descansa precisamente sobre los documentos que no se le dieron a conocer, esa indefensión existe, porque no pudo rebatir los hechos que determinaron la decisión.
Las consecuencias son claras. Un defecto de forma que causa indefensión determina la anulabilidad del acto (art. 48.2 de la Ley 39/2015). Y una resolución que oculta sus verdaderos fundamentos dificulta también su control posterior por los tribunales, lo que afecta a la tutela judicial efectiva (arts. 24.1 y 106.1 de la Constitución).


Cómo reaccionar


• Pedir de inmediato copia íntegra del expediente, identificando los documentos que cita la resolución.
• Recurrir en plazo, alegando de forma concreta qué no pudo rebatir y por qué ello determinó el sentido de la resolución.
• Solicitar que, antes de resolver el recurso, se le dé traslado del expediente y un plazo para completar sus alegaciones.
• Señalar las contradicciones internas de la resolución: una motivación que se contradice con sus propios antecedentes equivale a falta de motivación.


El procedimiento administrativo es, ante todo, una garantía del ciudadano. Cuando se utiliza para decidir a sus espaldas, el ordenamiento ofrece herramientas para restablecer el equilibrio.

 
 
 
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