Años sin respuesta: deber de conservación, estado de necesidad y confianza legítima.
El propietario que pide autorización para conservar su edificio protegido y no obtiene respuesta no puede quedar a merced de la inactividad administrativa. Si interviene para evitar un daño grave y actual, cumple su deber de conservación. Y si la Administración reacciona años después con la medida más gravosa posible, puede vulnerar cuando menos los principios de confianza legítima y buena administración.
El deber de conservación del propietario
Los propietarios de bienes del Patrimonio Histórico Andaluz deben conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de forma que se garantice la salvaguarda de sus valores (art. 14.1 LPHA). Pongamos un ejemplo teórico - práctico: una carpintería que deja pasar el agua no conserva el bien: lo destruye lentamente, pudriendo forjados, revestimientos y acabados.
Intervenir para proteger el edificio no es incumplir el deber de conservación, sino cumplirlo. A ello se suman otras obligaciones: la seguridad y salud en los lugares de trabajo, las exigencias del Código Técnico de la Edificación y, en su caso, las del arrendador frente a sus inquilinos.
Si, ante la falta de respuesta, el propietario se ve obligado a intervenir para evitar un daño grave, puede invocar el estado de necesidad. Es una causa de exclusión de la responsabilidad reconocida en el art. 20.5 del Código Penal, aplicable con matices al Derecho administrativo sancionador (STC 18/1981). Sus requisitos son:
1. un mal grave, actual y progresivo, como la entrada de agua y aire en un edificio en uso;
2. que la situación no haya sido provocada por quien la invoca;
3. que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar.
Además, solo cabe exigir responsabilidad administrativa a título de dolo o culpa (art. 28.1 de la Ley 40/2015).
El deber de resolver en plazo
La Administración está obligada a resolver de forma expresa y en plazo (art. 21 de la Ley 39/2015). El incumplimiento del plazo no determina por sí solo la nulidad, pero la jurisprudencia califica la inactividad prolongada como una conducta contraria a Derecho y al principio de buena administración (arts. 9.3 y 103 CE).
La confianza legítima
La jurisprudencia aprecia la vulneración de la confianza legítima cuando concurren tres elementos:
ELEMENTO | EJEMPLO |
Una actuación administrativa que genera expectativas | La tramitación de la licencia con un proyecto visado y requerimientos que no cuestionan la obra |
Una inactividad prolongada | Años sin resolver y sin adoptar medidas provisionales |
Una reacción tardía y desproporcionada | Una orden de reposición íntegra dictada años después |
La confianza legítima no ampara ilegalidades, ni exime de obtener las autorizaciones exigibles. Pero sí impide que la Administración, tras años de silencio, imponga la solución más gravosa sin ponderar las circunstancias.
Conclusión
El patrimonio histórico se protege conservándolo, y la Administración contribuye a esa conservación resolviendo a tiempo. Cuando no lo hace, no puede hacer recaer sobre el propietario diligente todas las consecuencias de su propia inactividad.
En ESTMOR Abogados defendemos a propietarios frente a reacciones tardías y desproporcionadas de la Administración.